En uno de los mayores escándalos de la justicia en los últimos años, dos magistrados activos y uno retirado hace menos de un año de la Sala Penal fueron señalados de aceptar al menos tres mil millones de pesos de sobornos de reconocidos delincuentes.

Según la Fiscalía, los magistrados Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño y el exmagistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez vendían decisiones y eran la cabeza de una extensa red de corrupción judicial que incluye jueces, fiscales, miembros del CTI y de Medicina Legal, así como varios funcionarios del Inpec, incluido el director en la cárcel de Guaduas.

El proceso contra los magistrados deja, literalmente, en jaque a la justicia en el Meta, pues dos de los tres miembros de la Sala Penal quedan señalados de recibirle plata a la mafia. De hecho, este viernes se conocerá si los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá envían a prisión a sus colegas, como lo solicitó la Fiscalía.

Durante la audiencia, el fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en concurso homogéneo, prevaricato por omisión y cohecho. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

La ficha clave de la organización eran los jueces de ejecución de penas (hay tres procesados), a cuyo control pasan los delincuentes una vez son condenados y que hoy por hoy representan uno de los principales boquetes para la justicia.

Precisamente, el magistrado Trejos Londoño fue quien llevó al cargo de juez de ejecución de penas a Ronald Floriano Escobar, hoy prófugo por este caso.

Escobar fue el mismo juez que le dio casa por cárcel a Hernán Darío Giraldo Gaviria, narco y jefe de sicarios de la ‘oficina de Envigado’ conocido como ‘Cesarín’, que fue condenado por homicidio y otros delitos a 20 años y que, en el 2014, aprovechó la domiciliaria para escapar de la justicia. Fue recapturado meses después.